Pioneros de los servicios sociales comunitarios... 33 años después

Los fundadores de los servicios sociales en la Diputación de Almería se reencuentran

Foto de familia ayer en Almería
Foto de familia ayer en Almería La Voz
Javier Pajarón
09:00 • 01 oct. 2019

Dos años antes de la aprobación de la primera Ley de Servicios Sociales de Andalucía (abril de 1988), un grupo de pioneros plantaron la semilla de un proyecto revolucionario en la atención ciudadana en la provincia de Almería. España afrontaba sus primeros años de democracia y los trabajadores sociales llamaban a las puertas de un sistema anclado en la beneficencia, la desigualdad territorial y la ausencia de profesionales.  


Aquellos 19 jóvenes contratados por la Diputación Provincial de Almería, la inmensa mayoría mujeres, cambiaron la forma de intervenir en los municipios menores de 20.000 habitantes (había algún profesional en la capital y municipios grandes) y sentaron las bases de un pilar hoy considerado como básico en la cobertura de colectivos vulnerables.


Este lunes, 33 años después de aquel hito, los pioneros de los servicios sociales comunitarios de Almería se reunieron en un conocido restaurante de la capital para recordar la fundación de un nuevo modelo y analizar su evolución actual.  “Fueron pioneras en la construcción del Sistema Público de Servicios Sociales, desplegando en los municipios menores de 20.000 habitantes una red que garantizaba el acceso de la ciudadanía a sus derechos sociales”, señala Encarna Peláez, presidenta del Colegio de Trabajo Social de Almería (Cotsa) e integrante de este grupo.


“Su actuación permitió consolidar servicios y prestaciones como el servicio de información, valoración, orientación y asesoramiento, el servicio de ayuda a domicilio o el de convivencia y reinserción social o el de cooperación social”, añade. Entonces no existían la Ley de Dependencia ni la ayuda a domicilio ni los institutos de la mujer. Gran parte de los proyectos de atención a la ciudadanía estaban copados por las parroquias o por entidades embrionarias del tercer sector.

Una revolución
Entonces el gabinete de Antonio Maresca (PSOE), presidente de la Diputación Provincial de Almería, apostó por modernizar el sistema con profesionales especializados y extender su radio de acción a toda la geografía de la provincia. “El diputado Luis Guerrero fue el alma máter de la historia, se creyó que podíamos hacerlo”, señala Peláez. “Fueron el germen del reconocimiento actual de la figura de la trabajadora social como profesional de referencia, que contempla la actual Ley 9/2016, de Servicios Sociales de Andalucía”, añade.




“La Diputación Provincial contrató a 19 trabajadores sociales para la intervención comunitaria, era un trabajo muy colaborativo”, recuerda Encarna Peláez. Fueron años de cambios y reconocimiento de nuevos derechos. “Se cambió el paradigma en la atención de la salud mental, se creó el Instituto Andaluz de la Mujer y el Centro de la Mujer de Diputación y se transfirieron las competencias”, rememora la presidenta del Cotsa.


La sociedad almeriense vivía la crudeza, como todo el país, del sida, las drogas y la pobreza de zonas interiores. La población anciana carecía de una atención profesionalizada y una intervención social científica era casi inexistente.


Servicio público
Almería miraba los proyectos de servicios sociales creados en los años setenta en las grandes ciudades y buscaba su propio espacio prácticamente en un terreno inexplorado. Y llegaron ellas. Tres décadas después, la desaparición de un trabajador social en un pueblo de la provincia es interpretado como una pérdida de calidad en el servicio público. Los profesionales son claves para la cobertura en ámbitos como las personas con discapacidad, sin hogar, mujeres, infancia, familia, jóvenes, drogodependencias, empleo y formación.


“La repercusión de la profesión de trabajador y trabajadora social es fundamental en la sociedad y en los y las usuarias”, señala el Consejo General. “Nuestra profesión siempre ha tenido una Importante vocación de servicio a la ciudadanía y de garantía de una buena praxis profesional. Tanto el Consejo General como los Colegios Oficiales están al servicio del interés general en materia de bienestar social”.


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