La Sección Segunda de esta Audiencia Provincial de Almería ha confirmado una condena de un año y medio de prisión para la trabajadora de una gestoría de Adra acusada de vender contratos a inmigrantes. El tribunal imputa un delito continuado de estafa y aplica la atenuante de dilaciones indebidas muy cualificadas, ya que los hechos se remontan a los años 2005 y 2006.
La investigación detectó siete víctimas, ocho ciudadanos extranjeros interesados en obtener un empleo para poder gestionar su regularización en España. Según el tribunal, la acusada cobraba 1.500 euros a cada cliente por gestionar su alta en empresas, requisito indispensable para los permisos de residencia.
“Con ánimo de ilícito beneficio, ofreció a ciudadanos extranjeros la tramitación de permisos de trabajo y residencia a cambio de la entrega de 1.500 euros, todo ello a sabiendas de que dicha regularización no tendría lugar, al tratarse de ofertas de trabajo ficticias”, señala la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería.
La sentencia condena a la procesada a devolver las cantidades a los ocho ciudadanos extranjeros estafados por la trabajadora de la gestoría almeriense, identificados en una investigación de la Guardia Civil. Un testigo confirmó que trató siempre con la procesada para traer a su familia desde África y que acreditó que los contratos de trabajo que les proporcionó la acusada fueron falsos. La Sección Segunda ratificó una sentencia inicial de un Juzgado de lo Penal. “Existe prueba de cargo válida y suficiente, sin que las conclusiones a las que conduce hayan sido desvirtuadas por parte del acusado”.
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