El policía investigado en Urbanismo no volverá “en ningún caso” a su puesto

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha asegurado que el agente de Policía Local identificado como F.M.S.G. que quedó en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial en el marco de una investigación policial por un presunto delito de cohecho, entre otros, no volverá "en ningún caso" al puesto que tenía en la Sección de Especialidades con adscripción al Área de Urbanismo puesto que "existen indicios más que suficientes para que no se incorpore a la actividad que estaba realizando".

Así se ha pronunciado ante los medios el primer edil almeriense, quien ha precisado que desde primera hora de este lunes el Área de Personal trabaja en la adopción de las medidas "que correspondan a este caso", que están "encaminadas a la no incorporación de este agente al puesto que tenía" en el momento de su arresto el pasado día 6.

Con ello, ha recordado las competencias que ostenta el Consistorio bajo el régimen disciplinario de cara a actuar e iniciar un expediente disciplinario en paralelo a las medidas judiciales que puedan determinarse desde el Juzgado de Instrucción número 6 de Almería, encargado del caso que ha permanecido bajo secreto sumarial.

Cabe recordar que en el marco de la investigación, el Ayuntamiento de la capital entregó a requerimiento de los agentes del Grupo VI de la Policía Nacional dos expedientes completos y un gran número de actas, hasta los 160 documentos en formato digital, relacionadas con las actuaciones relacionadas por el agente investigado en 2018 así como con A.F.G.G., el arquitecto perteneciente a un estudio particular con quien habría orquestado la trama, según la investigación.

Ambos sospechosos fueron detenidos por presuntos delitos de cohecho, falsedad documental, estafa y revelación de secretos, entre otros delitos, ligados a una presunta trama para efectuar trabajos al margen de disciplina urbanística mediante la obtención de información privilegiada.

La operación policial, que incluyó seguimiento del investigado e intervención de comunicaciones telefónicas por orden judicial en los meses anteriores, se inició a raíz de varias denuncias de perjudicados, quienes habrían dado cuenta de las supuestas presiones y amenazas a las que se veían sometidos para encargar proyectos para evitar sanciones.