Solicitan los expedientes vinculados al policía local y al arquitecto detenidos

Se espera que los detenidos comparezcan ante el juez este viernes

El policía estaba adscrito a la Sección de Especialidades del Area de Urbanismo.
El policía estaba adscrito a la Sección de Especialidades del Area de Urbanismo. Europa Press
Europa Press
19:00 • 08 nov. 2018

La Policía Nacional de Almería ha solicitado al Ayuntamiento de la capital que dé traslado de los expedientes en los que conste la participación del agente de Policía Local adscrito a la Sección de Especialidades del Area de Urbanismo así como del arquitecto particular que fueron detenidos el martes por presuntos cohecho, falsedad documental, estafa y revelación de secretos, entre otros delitos, ligados a una presunta trama para efectuar trabajos al margen de disciplina urbanística mediante la obtención de información privilegiada.



Fuentes vinculadas al caso han explicado a Europa Press que fue a última hora de la tarde de este miércoles cuando se recibió un oficio en el que se solicitaba al Area de Urbanismo los citados expedientes referidos únicamente a la actividad realizada durante el año 2018 en los que hubiera participado el agente identificado como F.M.S.G. y el arquitecto, de un estudio privado y reconocido como A.F.G.G.



En este sentido, desde el Ayuntamiento de Almería han confirmado dicha petición y han señalado que durante toda la mañana se ha trabajado en recopilar los expedientes para su entrega dentro del marco de colaboración anunciado este miércoles por el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, quien calificó de "muy grave" lo ocurrido. Se espera contar con toda la información requerida por la policía este mismo jueves.



Las diligencias continúan abiertas, por lo que aún se practican actuaciones policiales cuyos resultados se remitirán al Juzgado de Instrucción número 6 de Almería, encargado de este caso. Asimismo, se espera que los detenidos comparezcan ante el juez este viernes.



La operación policial, que ha incluido seguimiento del investigado e intervención de comunicaciones telefónicas por orden judicial en los meses anteriores, se inició a raíz de varias denuncias de perjudicados, quienes habrían dado cuenta de las supuestas presiones y amenazas a las que se veían sometidos para encargar proyectos para evitar sanciones.







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