Amplio seguimiento de la huelga de jueces y fiscales en la provincia de Almería

El colectivo secunda un paro histórico por la falta de inversión y ataques a la independencia

Un cartel cuelga en la puerta de una sala de vistas en la Ciudad de la Justicia de Almería
Un cartel cuelga en la puerta de una sala de vistas en la Ciudad de la Justicia de Almería La Voz
Javier Pajarón
13:51 • 22 may. 2018

Los jueces y fiscales de la provincia de Almería apoyan mayoritariamente la huelga convocada por las asociaciones profesionales para este martes para protestar por la falta de inversión del Gobierno, la parálisis en las reformas de la Administración de Justicia, los ataques a la independencia judicial y la congelación de la negociación sobre las retribuciones.



A falta de datos oficiales, los operadores apuntan a un seguimiento del 90 por ciento en la plantilla de fiscales y del 60-70 por ciento entre los jueces y magistrados de los ocho partidos judiciales de la provincia de Almería. En España, el comité de huelga contabiliza el apoyo de 2.294 jueces y 1.264 fiscales.



La convocatoria culmina con meses de protestas contra el Ministerio de Justicia. El impacto en los órganos judiciales es notable y solo en la capital se han suspendido 120 actos (vistas, juicios y declaraciones). "La situación es insostenible y, si esta huelga no surte efecto, habrá que ver cuáles serán los próximos pasos", advierte el juez decano de Almería, David Villagrá.



Cuatro asociaciones profesionales de la judicatura y tres de fiscales impulsan esta protesta. Proponen 14 medidas para mejorar la Administración de Justicia y garantizar las condiciones de trabajo de los profesionales del sector. "Unas son claramente competencia de los grupos parlamentarios, otras del Gobierno y el resto del Consejo General del Poder Judicial", indican en un comunicado conjunto.



"Hasta la fecha, el Gobierno no ha incrementado el número de jueces y fiscales a fin de ir equiparándolo a la media europea y no hay rastro de la racionalización de la planta judicial y fiscal, evitando la precarización de las últimas promociones", añade el documento. "Tampoco se ha convocado la mesa de retribuciones que por ley debe de reunirse cada cinco años con el objeto de reclamar las mejoras salariales que permitan recuperar los recortes de los últimos ocho años".






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