El Ayuntamiento busca mensajero

La bancarrota de Unipost, la empresa de mensajería que repartía las notificaciones municipales, ha pillado con el pie cambiado al Ayuntamiento de Almería.

Desde julio, a esta empresa catalana que irrumpió con muchos fuegos de artificio en el sector se le fue apagando la luz y en julio pasado entró en concurso de acreedores.

Siguió, en teoría, llevando el reparto de los distintos recibos consistoriales (IBI, impuesto de circulación, basura, etcétera), pero el servicio en los últimos meses se fue haciendo cada vez más deficiente.

Recargos 

La consecuencia, denunciada por el portavoz del PSOE, Juan Carlos Pérez Navas, es que son infinidad los almerienses, que no tienen domiciliado el cobro de los impuestos municipales, que están pagando recargos y embargos de cuenta, al no haber recibido la habitual notificación por la deficiencia de reparto de la empresa de mensajería. Los recibos del impuesto de circulación y los de la basura del pasado ejercicio son los que han provocado más casos de contribuyentes descontentos en la oficina municipal de Hacienda de la calle Trajano.

Aunque las notificaciones no son legalmente obligatorias, los vecinos están acostumbrados a recibir la notificación en su buzón para pagar en periodo voluntario. Como consecuencia de estas irregularidades continuadas, el Ayuntamiento se ha visto obligado a rescindir el contrato con Unipost, tras dos años en vigor. Las partes tenían posibilidad de acordar una prórroga contractual que la situación de quiebra de Unipost ha hecho inviable.

La Junta de Gobierno aprobó el pasado viernes la tramitación de emergencia, en ejecución subsidiaria, del contrato de servicios del reparto de correspondencia con Correos. El acuerdo responde a la “urgentísima” necesidad de contar con un servicio de comunicaciones postales, imprescindible en el procedimiento administrativo.

Será ahora, por tanto, Correos quien desarrolle esta encomienda de forma temporal, con pago contrafactura, hasta que sea licitado de nuevo el servicio, en un periodo que necesita como mínimo un mes y medio de tramitación administrativa.