El Estado pide 49 años de cárcel para Enciso y 79 para Alemán

La trama de El Ejido defraudó a Hacienda más de 18 millones

Juan Enciso, exalcalde de El Ejido.
Juan Enciso, exalcalde de El Ejido.
Antonia Sánchez Villanueva
03:00 • 09 jul. 2017

El saqueo al que presuntamente fue sometido el Ayuntamiento de El Ejido durante la larga etapa de gobierno del exalcalde Juan Enciso -con el ex interventor José Alemán como factótum de un entramado de corrupción en el que habrían participado decenas de empresarios, amigos, familiares y funcionarios- no solo esquilmó las arcas municipales. 
También supuso una millonaria estafa a la Hacienda Pública,cifrada en más de 18 millones de euros, por cuotas defraudadas, en algunos casos durante siete años,  en el Impuesto de Sociedades, IVA, e incluso impago de IFPF. Así lo concluye la Abogacía del Estado, cuyo informe de acusación sobre el conocido como Caso Poniente está ya en el Juzgado de Instrucción número 2 dentro de la fase de transformación a Procedimiento Abreviado. 


Responsables penales
El letrado público considera a 35 de los 65 imputados en el caso como responsables penales de las decenas de delitos fiscales que considera cometidos entre 2003 y 2009 (los años que abarca la investigación judicial). Y pide para ellos penas de prisión muy superiores a las que ya solicitaron hace unos meses las acusaciones particulares ejercidas por el Ayuntamiento de El Ejido e Izquierda Unida. Concretamente, para Juan Enciso, el abogado del Estado reclama 49 años de prisión al considerarlo responsable de 14 delitos contra la Hacienda, siete por fraude en Impuesto de Sociedades (4 años cada uno)  y siete por fraude en IVA (otros tres años por cada delito), cometidos presuntamente por Elsur, la empresa mixta de servicios municipales de la que era máximo responsable y a la que la investigación judicial sitúa como el instrumento utilizado por la trama para desfalcar las arcas del Ayuntamiento. 


Las peticiones penales del letrado público contra el ex interventor José Alemán son todavía mayores, ya que mayor fue la participación que le atribuye en fraudes fiscales de Elsur y de otras sociedades de la presunta trama. A Alemán, cuya sociedad Sistemas de Dirección está señalada en el sumario como pantalla para el cobro de comisiones ilegales, el Estado le pide 79 años de cárcel como presunto autor de 24 delitos contra el fisco (6 de Impuesto de Sociedades y 6 de IVA en Elsur; 7 de impago de IRPF con Sistemas de Dirección; 4 como cooperador necesario en fraude de Impuesto de Sociedades de Contenedores Lirola y uno de Euria Sol). 


“Facturación desmesurada” para ganar y pagar menos
El escrito de acusación de la Abogacía del Estado, firmado por el letrado Guillermo Leiva, se centra en pormenorizar el mecanismo presuntamente utilizado por la trama para defraudar al fisco, objeto de la acción procesal del Ministerio Público contra una parte de los imputados del Caso Poniente.  Así, describe cómo la vía de la subcontratación de servicios por parte de Elsur con sociedades de los principales implicados era el recurso sistemático que permitía a estos no solo ingresar por jugosos contratos sino también eludir el pago de impuestos en las cantidades que habría correspondido. 




Elsur se sitúa -como inequívocamente ha venido señalando la investigación- como el centro de todo el operativo. La empresa mixta de servicios municipales -participada al 30% por el socio privado Abengoa al que también se acusa de beneficio ilícito en este caso- multiplicó por casi cuatro veces el canon que ingresó del Ayuntamiento de El Ejido y por 1,6 los servicios fuera de canon hasta los 171,7 millones y 55 millones de euros respectivamente. Pero, lejos de realizar por sí misma los trabajos, como era su obligación, subcontrató de manera ilegal la gran mayoría de los servicios con sociedades que, además, utilizaban los trabajadores y los medios de Elsur. 
Por si fuera poco -siempre de acuerdo con la investigación- estas subcontratas sobrefacturaban de manera “deliberadamente desmesurada” a Elsur y tambiénpor trabajos no realizados. Todo ello con el objetivo de que Elsur justificara aumentar el canon al Ayuntamiento. Además, al inflar los gastos Elsur vía subcontratas a precios desorbitados, Elsur reducía al mínimo posible el pago del Impuesto de Sociedades, ya que este grava precisamente el beneficio obtenido por las empresas, según relata el abogado del Estado. 


En el caso del IVA,  al subcontratar Elsur transformaba un gasto no sujeto a IVA (el de personal) por otro sí sujeto a ese impuesto (el contrato con terceros) disminuyendo así la cuota a ingresar en Hacienda. La subcontratación creaba además otro eslabón en la cadena de facturación que eludía el control público. 
 



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