Antas

El Ayuntamiento de Antas vuelve a tener acceso a sus cuentas tras un embargo

El actual gobierno denuncia que el Ayuntamiento obvió un requerimiento judicial en 2019

Terreno e instalaciones motivo de la indemnización, cuyo procedimiento se remonta al año 2000.
Terreno e instalaciones motivo de la indemnización, cuyo procedimiento se remonta al año 2000. Guillermo Mirón

El municipio de Antas vuelve a respirar con cierto alivio tras sufrir desde el pasado 4 de julio el embargo de la práctica totalidad de sus cuentas bancarias, por lo que no ha podido disponer de sus fondos dinerarios durante ese espacio de tiempo. "Afortunadamente esa situación se ha conseguido revertir recientemente tras el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Vera que acuerda alzar ese embargo de saldos en cuentas bancarias", han asegurado desde el Ayuntamiento.


Desde el Consistorio antuso también han pedido "disculpas a todos los proveedores, particulares, colaboradores, etc." que hayan podido verse afectados por esa situación de parálisis financiera, anunciando al mismo tiempo que "en los próximos días se atenderán cumplidamente los pagos y se retomará la actividad ordinaria con total normalidad". El motivo del embargo según han explicado desde la Administración municipal no es otro que el conflicto mantenido entre el Ayuntamiento de Antas y la mercantil Paneles Aislantes Spancrete España, S.A. que tiene su origen en la venta que el Consistorio realizó a esa entidad de unos terrenos situados en el paraje conocido como 'Caballón y Campo de la Ballabona' a principios del año 2000.


Para realizar dicha venta, el Pleno del Ayuntamiento celebrado el 26 de enero de ese año 2000 acordó la" modificación del Inventario de Bienes Municipales, rectificando la calificación de comunales a patrimoniales de esos terrenos, acordando su enajenación por concurso público" del que resultó adjudicataria la mencionada sociedad. Los problemas para el Ayuntamiento de Antas comenzaron despues de que ese acuerdo plenario fuese revocado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el 19 de marzo de 2007 en un "procedimiento instado, entre otros, por la que después ha sido muchos años alcaldesa de Antas, doña Isabel Belmonte", lamentan desde el Consistorio.


Al ser revocado el acuerdo de Pleno, la venta a dicha entidad quedaba anulada, revertiendo los terrenos al Ayuntamiento de Antas. "Para cuando fue dictada esa sentencia, Paneles Aislantes Spancrete España, S.A. había construido una industria en dichos terrenos, por lo que inició procedimiento civil", reclamando la indemnización por la declaración de nulidad de la compraventa y que incluía, entre otros conceptos, el precio pagado por los terrenos y el valor de las instalaciones que habían construido en los mismos.


El Juzgado de Primera Instancia en Instrucción Número 1 de Vera dictó sentencia el 16 de mayo de 2016 y confirmada posteriormente por la Audiencia Provincial, condenando al Ayuntamiento de Antas a abonar la cantidad de 120.202 euros en concepto del precio pagado por la compraventa y 1.407.544 euros más IVA por la construcción realizada, todo ello con sus correspondientes intereses.


Esa sentencia de la Audiencia Provincial fue recurrida por el Ayuntamiento de Antas, estando a día de hoy pendiente de resolución por parte del Tribunal Supremo. Por tanto, no es firme. No obstante, en febrero de 2018 Paneles Aislantes Spancrete España, S.A. solicitó del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Vera la ejecución provisional de la sentencia que condenaba al Consistorio de Antas a abonarles las cantidades antes indicadas, siendo despachada tal ejecución por auto de ese Juzgado de 13 de diciembre de 2018.


Requerimiento judicial no atendido por el Ayuntamiento
En el seno de esa ejecución provisional, el letrado de la Administración de Justicia adscrito al reiterado Juzgado, requirió al Ayuntamiento de Antas a principios de 2019 para que en el plazo de sesenta días aportara una lista de la determinación de los bienes y derechos patrimoniales que no se encontrasen materialmente afectos a un servicio público o a una función pública a efectos de la inclusión de la posibilidad de embargo de los mismos. "Dicho requerimiento no fue atendido por el Ayuntamiento de Antas cuando aún se mantenía la anterior corporación ni dejó indicación alguna tras las elecciones" denuncian desde el actual equipo de Gobierno municipal. Esto originó que por parte del Juzgado se embargaran todas sus cuentas corrientes originando un colapso financiero absoluto con su consiguiente imposibilidad de hacer frente a cualquier pago, situación que, como se decía al principio, tras múltiples trámites, gestiones y recursos se ha solventado en el día de ayer y se hará efectiva en días sucesivos.  


"La situación descrita se podía haber resuelto simplemente si la anterior alcaldesa Isabel Belmonte hubiese velado por el cumplimiento del requerimiento del juzgado donde se pedían la relación de bienes embargables. El plazo de 60 días venció sin contestación por parte de la anterior corporación y como resultado nos hemos encontrado 19 días después de tomar posesión esta corporación con un colapso total del Ayuntamiento no pudiendo pagar a los proveedores en su tiempo, no pudiendo haber pagado el IVA el día 20 de julio, ni poder hacer nada de contrataciones", añaden desde la Administración local.


Reacción política

Tras desbloquear las cuentas municipales, desde el PSOE de Antas han celebrado que el actual Gobierno municipal ha "conseguido devolver la estabilidad económica al Ayuntamiento, que puede retomar su normal funcionamiento tras desbloquear las cuentas municipales que quedaron embargadas por decisión judicial ante una negligencia del anterior equipo de Gobierno del PP".


Para los socialistas "esta angustiosa situación en la que se encontraba el Consistorio desde el 4 de julio, y que sobrevino al gobierno socialista que nada sabía al respecto de la situación de bloqueo que iba a ordenar el Juzgado de Vera porque el PP había desoído un requerimiento de dicho juzgado, ha quedado resuelta gracias a la acción de los servicios jurídicos municipales y del equipo de Gobierno del PSOE", lamentando "la actitud del anterior Gobierno del PP que, no sólo no atendió a la exigencia judicial sino que, además, no informó de la situación de embargo al nuevo gobierno tras las elecciones municipales".

 

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