- Miriam Peinado Maldonado
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- 18.05.2018
El Gobierno central le ha cogido el gusto a presentar recursos de inconstitucionalidad contra las leyes y decretos que aprobamos en Baleares. Lo hizo con la normativa que prohíbe maltratar toros en las corridas y la de impacto ambiental. Lo intentó con la regulación del alquiler turístico y la de comercio. Podría hacerlo con la de cambio climático y el uso el catalán en la sanidad balear. Y tantas otras. Ahora parece que la amenaza contra la norma suprema del ordenamiento jurídico español son los pagos en concepto de carrera profesional que reciben los trabajadores públicos y las ayudas que entregan algunos ayuntamientos para normalizar el uso del catalán en el sector privado. La Abogacía del Estado ha preparado ya los contenciosos contra dichas medidas. Todo hace pensar que la ofensiva del ejecutivo de Mariano Rajoy no va a cesar en este año preelectoral que tenemos por delante. Pero, curiosamente, ni siquiera el PP balear comparte los visos de inconstitucionalidad que sí aprecia su Delegada del Gobierno en las islas. Los funcionares de Baleares merecen ver reconocido su esfuerzo mediante un complemento salarial. ¿Y, qué decir del catalán, en estos tiempos en los que todo lo que parezca venir de Cataluña está maldito? Exigimos respeto por nuestra lengua propia, reconocida en el Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, y que se nos permita promocionarla de la misma forma que el resto de comunidades bilingües. Tomen nota también del popular Alberto Núñez Feijóo, que destina ayudas desde la Xunta de Galicia a promover el uso del gallego. ¿O acaso es esta una batalla política?