- Francisco Martín Rodríguez Pérez
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- 07.03.2018
El Govern balear podría aprobar en las próximas semanas un polémico decreto que obligará a los profesionales de la medicina a acreditar sus conocimientos en catalán si quieren trabajar en la sanidad pública. Son numerosas las voces que se han levantado contra esa exigencia. Advierten de una posible fuga de médicos y enfermeros y de la consiguiente pérdida de calidad en el servicio de salud autonómico. Las dificultades para acceder a una vivienda asequible y el elevado costes de vida derivado de la insularidad, junto a la elevadísima tasa de emigración en profesionales sanitarios españoles, son algunos argumentos que juegan a favor de los detractores de dicho decreto. Sin embargo, se está despreciando a los ciudadanos de una comunidad pacífica, tranquila y que, tradicionalmente, recibe con los brazos abiertos a los miles de inmigrantes que llegan cada año a nuestras islas para sostener nuestro modelo turístico. La negativa al requisito del catalán transmite un mensaje de desprecio al idioma de cientos de miles de baleares. Por supuesto, los conocimientos del personal médico y de enfermería deben primar en cualquier proceso de selección. Pero, sin dejar de lado la calidad del servicio, ¿qué ocurre con las habilidades lingüísticas de esos mismo profesionales? De la misma forma que se exige acreditar el castellano a los aspirantes de países no hispanohablantes, ¿a qué se debe esa animadversión por la otra lengua oficial del archipiélago? No instrumentalicemos con fines partidistas ésta oportunidad de ser tratados con equidad. En Baleares queremos a los mejores sanitarios y defendemos nuestro derecho a ser atendidos en nuestra lengua materna, sin complejos.