Una carta de una entidad financiera dirigida a un marroquí con su misma dirección despertó las sospechas de una vecina de Roquetas de Mar que, tras personarse en el Ayuntamiento, descubrió que tenía desde hace más de un año a tres personas empadronadas en su domicilio sin su conocimiento. Desde entonces, esta vecina está tratando de que sean dados de baja del padrón municipal, sin que hasta el momento lo haya conseguido, según ha relatado ella misma a LA VOZ.

Al parecer, sin su consentimiento, alguien dio de alta en su domicilio a tres ciudadanos marroquíes en marzo de 2010 y a 5 de diciembre de este año, todavía constan allí en las bases de datos municipales, a pesar de que en septiembre ya presentó un escrito en el Ayuntamiento reclamando su baja y procedió a realizar la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil.

Práctica común

El caso, al parecer, no es único. Fuentes policiales han destacado a LA VOZ que este tipo de prácticas son más comunes de lo que parecen y si no se conocen tantas es simplemente porque los propietarios de las viviendas no se suelen enterar de ello a menos que acudan al Ayuntamiento a pedir algún certificado.

Mafias y personas encargadas de tramitar los permisos de residencia a extranjeros son los que están detrás de estas prácticas. El principal motivo es el de intentar conseguir el empadronamiento en una vivienda de suficiente tamaño para que la vivienda sea apta a la hora de pedir el reagrupamiento familiar. “Lo normal es que los servicios técnicos de los ayuntamientos acudan posteriormente a visitar la vivienda para comprobar que se ajusta a los requerimientos, pero suelen estar tan desbordados que al final terminan por mirar el catastro y sus registros para comprobar el tamaño de la vivienda”, han asegurado fuentes de la Policía Nacional.

El asunto se comentó en el Pleno celebrado este pasado viernes con una pregunta de Izquierda Unida y desde el Ayuntamiento se asegura desconocer el caso, aunque la vecina (que no quiere ser identificada) ha asegurado a LA VOZ que presentó su escrito en septiembre poniendo en conocimiento del Consistorio el asunto.

Además, asegura que desde que lo denunciara en septiembre no se les ha dado de baja a los inmigrantes, pero sí se han actualizado los datos, ya que en el padrón solicitado entonces aparecían los datos de sus pasaportes y en el certificado retirado hace unos días, aparecen los correspondientes a su tarjeta de residencia. La vivienda en cuestión se encuentra en la calle Rosita Ferrer, zona conocida por las fuerzas del orden por este tipo de problemas y donde se han producido más casos, según han indicado fuentes policiales a la propia afectada, si bien este extremo no ha podido ser confirmado por LA VOZ.

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