La reducción del Tajo-Segura provocará la pérdida de más de 22.000 empleos

La reducción del 50% del agua para regadío del trasvase Tajo-Segura en las provincias de Alicante, Almería y Murcia conllevará la pérdida de 927,5 millones de euros al año y 22.255 empleos, de los que 19.113 serán directos, según un estudio elaborado por el Colegio de Economistas de la Región de Murcia a propuesta del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS).

El informe ha sido presentado este viernes por el presidente del SCRATS, Lucas Jiménez, a los consejeros de Economía, Hacienda y Empresa, Luis Alberto Marín, y de Educación, Formación Profesional y Empleo, Víctor Marín, en una reunión en la que tanto los dirigentes de la Comunidad como del propio sindicato han coincidido en la importancia de defender el Tajo-Segura en el Levante.

Jiménez ha explicado que el estudio forma parte de la demanda que SCRATS prepara contra la planificación hidrológica del Tajo "perpetrada" por el Gobierno de la Nación, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

"Un empujón más como el que hemos recibido en la planificación anterior abocaría a los regadíos del trasvase a su práctica de desaparición", ha dicho el dirigente del SCRATS, quien ha insistido en que el recorte al trasvase obedece a una "actuación política" que conllevaría, además, "unas consecuencias familiares, un drama familiar que supone el despido, el desempleo".

Y esto, ha apuntado Jiménez, "también lo avisa el propio Ministerio, aunque lo cifra en unas cantidades que son pírricas en comparación con la realidad y con lo que informes de la Universidad de Alicante o del propio Colegio de Economistas de la Región de Murcia mantienen", ha precisado.

En este sentido, el presidente de SCRATS ha considerado "fundamental" que desde los tres gobiernos regionales donde está asentado el Tajo-Segura "haya un conocimiento multifactorial" de las "consecuencias de estas medidas políticas que se están adoptando", y que desde su sindicato "intentaremos que no se vuelvan a adoptar en el futuro, que es inmediato".

"Más allá de una afectación personal que podamos tener en el Gobierno regional, hablamos de un sector que aporta más de 3.000 millones de euros al PIB nacional; de un sector que emplea más de 105.000 personas en todo el país y que permite que el 71% de las hortalizas a nivel nacional que salen a través de la exportación lo hagan a través desde estas tres comunidades autónomas, y un 25% de las frutas", ha remarcado.

El consejero ha manifestado el "apoyo incondicional" del Gobierno regional a regantes, agricultores y integrantes del sector agroalimentario de esta región. "Siempre van a tener al gobierno regional al lado en esta lucha contra el cierre ideológico, que no ecológico, del trasvase de Tajo-Segura", ha concluido el titular de Economía.

En la misma línea, el consejero de Educación, FP y Empleo, Víctor Marín, ha manifestado que el recorte altrasvase supone "un problema que no afecta solo a un sector dela producción o del tejido social de la Región, como es el agrario, sino que tiene muchísimas implicaciones a nivel social, a nivel productivo, porque lastran el futuro, el desarrollo de sectores emergentes en la economía como puedan ser el transporte, la logística y muchas más industrias".

"Hemos observado con muchísima preocupación las conclusiones del estudio del Colegio de Economistas y que no les quepa ninguna duda al conjunto de la ciudadanía que el Gobierno de la región de Murcia va a trabajar con todos sus departamentos para que esta medida no afecte en los términos en los que los estudios lo demuestran al conjunto de la sociedad y al conjunto de la economía", ha finalizado.