Caso Spancrete: Más deuda, venta de terrenos y negociación con la empresa

Tras recibir el varapalo judicial que obliga al Ayuntamiento de Antas a indemnizar a una empresa con un coste total de en torno a “tres millones de euros”, el alcalde de esta localidad ha especificado las tres líneas de trabajo que seguirá para hacer frente a esta complicada situación económica. El regidor Pedro Ridao (POSE) ha concretado en declaraciones a la Cadena SER que el Ayuntamiento baraja tres medidas para hacer frente a al pago de al sentencia aunque el primer movimiento será “defender la inembargabilidad de los bienes del Ayuntamiento”.

Además, Ridao ha anunciado que se “iniciarán las negociaciones con la empresa afectada poniéndonos a su entera disposición” y la “puesta en valor de la finca vendida en su día para minimizar el problema económico que nos hemos encontrado”. Paradójicamente, el Consistorio buscará como parte de la solución deshacerse de la finca cuya venta conllevó esta sentencia.

Origen de la situación
Sin más remedio, el Ayuntamiento deberá acudir a las entidades bancarias para buscar liquidez con la que afrontar la indemnización así como sus gastos corrientes. Según el alcalde antuso además de los dos préstamos que ha heredado el equipo de Gobierno y que ascienden a una cantidad en torno a los 800.000 euros habrá que “sumar” el préstamo “que tengamos que sacar ahora de Spancrete”.

Cabe recordar que la millonaria indemnización tiene su origen en el año 2000, cuando el Ayuntamiento aprobó cambiar la calificación de un terreno para poder vendérselo a la empresa ‘Spancrete’, que posteriormente edificó en el mismo por lo que, cuando la justicia anuló esta operación, solicitó la mencionada indemnización.

Responsabilidades
Sobre la responsabilidad política de este duro golpe económico, el actual alcalde se ha limitado a señalar que “no queremos hacer sangre del árbol caído”, responsabilizando a los anteriores gobiernos municipales de esta situación. “Nunca los anteriores alcaldes que han pasado se sentaron a negociar con el banco o con Spancrete. Y eso es lo que me resulta extraño”, se limitó a señalar el alcalde. A pesar de evitó pronunciar nombres propios, una de las responsables de esos anteriores gobiernos es la portavoz del PP de Antas y exalcaldesa Isabel Belmonte.

En declaraciones a la misma emisora, Belmonte ha dudado de que la cantidad real que el Ayuntamiento tiene que afrontar sea de tres millones de euros y ha defendido su gestión, remontándose al origen de este proceso cuando el alcalde socialista Bartolomé Soler realizó los trámites puestos en entredicho. “Quien cometió la ilegalidad no fue Isabel Belmonte Soler. Fue Bartolomé Soler Cano, Ana Joaquina García Núñez, fue Melchor y fue Juana Mari”, señaló la exalcaldesa en referencia a quien era alcalde en el año 2000 y a los concejales socialistas. “A quien tiene que pedirle responsabilidad es a quien el juzgado dice que cometió una ilegalidad”, añadió.

Belmonte se defiende
En su defensa y la de su gestión al frente del Ayuntamiento, la exregidora se mostró segura de que hizo “lo correcto”. Frente a las críticas por la falta de iniciativas para evitar el golpe económico, asevera que en el año 2012 el Consistorio recurrió bajo su mandato la primera sentencia y que “años después se estimó parcialmente nuestro recurso y esos tres millones y pico -que solicitaba la empresa- se quedaron en los 1,4 millones, que es lo que hay ahora”.

Sobre una posible negociación con la empresa, Belmonte entiende que “el Ayuntamiento no es una persona física que en cualquier momento puede negociar” por lo que de haber entregado una cantidad diferente a la marcada por la justicia habría caído en un delito de prevaricación “como un castillo”.